El modelo social europeo fue incorporado en España por los gobiernos socialistas de los años ochenta.
El objetivo principal, perseguido desde entonces, ha sido la igualdad de oportunidades en el acceso de toda la ciudadanía a los servicios públicos básicos y la protección de quienes se encuentren en situación de mayor fragilidad.
Así se sucedieron la universalización de derechos: la sanidad en 1986; la Educación pública y gratuita desde los 6 a los 16 años en 1985; la extensión de la educación universitaria a lo largo de los años ochenta; y las pensiones no contributivas en 1990, que supuso el reconocimiento de un derecho a nuestros mayores más necesitados.
Pero se produjo un paréntesis de ocho años donde no se avanzó un ápice ni en desarrollar los pilares clásicos (sanidad, educación, pensiones, entre otros) ni en incorporar nuevos derechos.
Desde 2004 no sólo se reforzaron las políticas sociales sino que se ampliaron nuevos derechos: la atención a la dependencia y las políticas a favor de la igualdad y de la conciliación de la vida laboral y familiar.
Si excluimos las prestaciones por desempleo, el gasto social es en 2011 un 48% superior al de 2004, que se concreta en 50.000 millones de euros más.
A partir de 2004 el avance ha sido indiscutible: la ganancia del poder adquisitivo para las pensiones mínimas; o el aumento en un 86% de los recursos destinados a educación que ha hecho posible llegar por primera vez al 5% del PIB. Además, el número de becarios y la cuantía de las becas no ha dejado de crecer. Se ha completado la cobertura gratuita en la educación de 3 a 5 años y se han incrementado las plazas públicas en educación infantil de 0-3 años.
Por otra parte, en sanidad, el nuevo modelo de financiación autonómica ha supuesto un incremento de más del 50% de los recursos.
La ley de Dependencia ha facilitado ayudas a los ciudadanos con mayores dificultades en su vida diaria y ha supuesto la generación de un gran número de empleos.
La ley de Igualdad es una apuesta para aprovechar al máximo la riqueza de la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida. Igualmente, la creación del permiso de paternidad disfrutado por más de un millón de padres.
Asimismo, se ha recuperado la función básica de la política de vivienda, desde 2004 contamos con medio millón más de viviendas protegidas. Se ha incentivado el alquiler y se han beneficiado muchos jóvenes con la Renta Básica de Emancipación
La protección a los desempleados se encuentra en torno al 80%, 20 puntos más que en 2004.
Mientras el Partido Popular quiere desesperadamente aparecer como ‘sociales’ pero no lo son. Muchas críticas a nuestras políticas pero no desvelan cuáles son las suyas, dan la callada por respuesta.
A pesar de la indefinición que trata de mantener, Rajoy enseñó la patita cuando dijo que aplicaría las políticas de Cameron en el Reino Unido. El programa oculto del PP se concretaría en el mayor recorte de prestaciones sociales de la historia de la democracia: ayudas familiares por hijo, ayudas a desempleados, becas, dependencia…. y la privatización progresiva de los servicios públicos esenciales, como ya adelantó el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con el copago sanitario.
En los últimos 30 años hemos conseguido grandes avances en la construcción del Estado del Bienestar y de manera singular durante los siete últimos que no puede darse por terminado. Si a pesar de la tremenda crisis económica que estamos sufriendo hemos mantenido los avances sociales, ahora debemos garantizar su sostenibilidad en el futuro.
Para ello es necesario un cambio en el modelo productivo realizando reformas ineludibles para conseguir un crecimiento más equilibrado y diversificado. En contraposición Rajoy propone volver al modelo del ‘ladrillazo’ a un modelo económico especulativo y de bajo valor añadido.
María del Mar Arnaiz, diputada nacional PSOE por Burgos
Fuente imagen: http://www.revistatog.com/num8/revision1.htm
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