Garantizando las pensiones del futuro

El sistema de Seguridad Social, que se desarrolló en España desde los primeros años de la democracia, se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar. Las pensiones pertenecen a la ciudadanía porque es quien contribuye al sistema, pero cobran de lo que aportan las generaciones posteriores y parece previsible que -si no hacemos nada- en el futuro haya, más o menos, el mismo número de trabajadores y el doble de pensionistas. La demografía es tozuda y nos indica que la natalidad disminuye mientras que la esperanza de vida ha pasado de rondar los 70 años a situarse cerca de los 80.



Nuestro sistema es muy sólido. Tanto que, aun en este año de fuerte crisis, hemos tenido un superávit de 11.000 millones de euros. Además, en los últimos seis años se han aumentado las pensiones mínimas un 34%; se han homogeneizado los regímenes; se ha mejorado la gestión; se ha logrado acercar la edad real a la legal de jubilación; y se ha incrementado la lucha contra el fraude. Ante estos datos, el Gobierno podría cruzarse de brazos. No será éste el que tenga problemas para pagar las nóminas de los pensionistas sino los que estén en 30 ó 40 años. Pero eso sería irresponsable. De hecho, si ahora el sistema es tan sólido es gracias a las reformas que se han hecho desde el año 1995 en el que se constituyó el Pacto de Toledo. Éste ha dado estabilidad y sostenibilidad al sistema gracias a las revisiones periódicas que, como en este momento, se han hecho. Además, cuanto antes se apliquen los cambios, menos intensos deberán ser éstos.

Se trata de hacer el sistema más fuerte sin que disminuyan las pensiones que se cobran; de restringir al mínimo las prejubilaciones; de mejorar las pensiones de viudedad y de orfandad; de mejorar la productividad; y de incorporar más mujeres al mercado laboral con el fin de que las próximas generaciones tengan garantizadas sus pensiones en términos dignos. No hacer reformas sería poner en riesgo el sistema público de pensiones y su sostenibilidad futura. Las recomendaciones recién aprobadas por el Pacto de Toledo van en ese sentido pero ahora el Gobierno tendrá que presentar un proyecto de Ley que, en cualquier caso, realizará las reformas necesarias de forma gradual y progresiva y -desde luego- sin afectar a los actuales pensionistas. Y sería bueno que, como en anteriores ocasiones, saliera adelante con el acuerdo más amplio posible de partidos, sindicatos y empresarios. Por el bien de todos y para garantizar las pensiones del futuro.

Luis Tudanca Fernández
Diputado y miembro de la Comisión del Pacto de Toledo