El alquiler de viviendas

A nadie se le escapa que uno de los problemas fundamentales que ha tenido nuestro país durante los últimos años es nuestro mercado inmobiliario. La Ley del Suelo que aprobó el Partido Popular en 1998 determinó que todo el suelo era urbanizable y provocó el crecimiento incontrolado e insostenible de la famosa burbuja inmobiliaria. Esta política supuso que el precio de la vivienda se incrementara un 20% cada año, convirtiendo la compra en una utopía para muchos ciudadanos, generó problemas urbanísticos y financieros a los ayuntamientos y, tras el estallido de la burbuja, ha hecho que más de un millón de empleados de la construcción se queden sin empleo, agravado porque tienen escasa cualificación y difícil recolocación.

En 2008 se cambió la ley y se consolidó el cambio en la política de Vivienda. Entre otros criterios, se empezó a potenciar el mercado de alquiler como una buena forma de acceder a la vivienda y a la emancipación de nuestros jóvenes. Gracias a ello el precio de la vivienda se estabilizó, el esfuerzo de renta de los ciudadanos para acceder a una vivienda bajó desde el 50% de sus ingresos al 32% y, por primera vez, el número de hogares que optaban por el alquiler aumentó gracias a iniciativas como la renta básica de emancipación, que cobran más de 2.500 hogares burgaleses, y la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

Esta sociedad nació como un agente dinamizador del alquiler en nuestro país. Su papel no debe evaluarse sólo por el número de arrendamientos suscritos ya de por si muy importante sino también por el efecto multiplicador que está teniendo en las administraciones y en el mercado de alquiler. Sin embargo, el Partido Popular ha centrado en esta sociedad sus críticas pidiendo reiteradamente su desaparición. Y mientras el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, votaba a favor de su disolución en el Congreso como diputado, firmaba un convenio de colaboración con esta sociedad comprometiéndose a aprovechar sus recursos y captar viviendas para ser alquiladas a través de los contratos garantizados de la SPA. Convenio, por cierto, que prefiere hacer con el Gobierno de España que con el programa de alquiler que tiene la Junta de Castilla y León. Por algo será.

Sin embargo la gestión del Ayuntamiento en esta materia ha sido sublime, desaprovechando de forma intolerable la ayuda de la SPA. No tiene una, sino tres oficinas de vivienda. Una gestionada por el personal del Ayuntamiento, otra, por la que paga 120.000 euros al año a la Fundación de Derechos Civiles que tiene una clara vinculación ideológica, y la tercera, que gestiona una supuesta bolsa de alquiler, que nos cuesta 15.000 euros al año mediante un convenio con otra asociación. Entre todas estas oficinas, en dos años han firmado 8 contratos de alquiler. Hagan ustedes la cuenta de a cuánto nos sale. 

Luis Tudanca Fernández

Diputado nacional por Burgos