Una Directiva que nos obliga a trabajar conjuntamente

Hay un asunto que está provocando más de un quebradero de cabeza a varios técnicos y algunos políticos -entre los que me incluyo- relacionado con el área de Comercio del Ayuntamiento de Burgos. Se trata de la adaptación de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante a la Directiva de Servicios, conocida como Directiva Bolkestein.

La transposición de esta norma por parte de todas las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos, debiera haberse realizado antes del 28 de diciembre de 2009. A día de hoy, pocos han sido los que se han atrevido con esta adaptación.

Esto es así porque la directiva obliga a eliminar el empadronamiento como requisito para ser adjudicatario de una licencia para realizar la venta ambulante. Normalmente, el empadronamiento es un criterio muy extendido entre los Ayuntamientos de una determinada población, como es el caso de Burgos.
En este sentido, se elimina la ventaja de las familias burgalesas que se dedican a la venta ambulante a la hora de obtener un puesto en los mercadillos de la ciudad. Además, sucede que las pocas Administraciones Locales que están adecuando sus ordenanzas a esta norma, lo hacen por su cuenta y riesgo, sin que exista un marco de aplicación común al conjunto de Ayuntamientos.

Otros consistorios como el nuestro han acordado ampliar la vigencia de las autorizaciones para la venta ambulante en la vía pública hasta la adaptación de sus respectivas ordenanzas a la nueva normativa. Fue a principios de 2010, cuando venció el plazo para la trasposición de esta norma, cuando los concejales socialistas propusimos prorrogar las actuales licencias para garantizar la amortización de las inversiones acometidas por los comerciantes de venta ambulante en los últimos años. El equipo de Gobierno, atendiendo nuestra idea, decidió, a finales del pasado año, prorrogar las actuales licencias de venta ambulante de común acuerdo con el resto de grupos políticos municipales.

No obstante, esta medida transitoria no soluciona el problema. El Ayuntamiento ha de contar con la seguridad jurídica necesaria para garantizar el ejercicio de la venta ambulante en el término municipal de Burgos. Esta garantía deben proporcionarla todos los Ayuntamientos, adaptando sus respectivas ordenanzas a un mismo marco de aplicación. Es por esto por lo que he solicitado, en reiteradas ocasiones, a la responsable del área de Comercio y representante de este Ayuntamiento ante la FEMP, que se proporcione desde la propia Federación de Municipios y Provincias este marco normativo de aplicación conjunta. Evitaríamos así provocar una desigual aplicación de esta directiva en cada uno de los municipios.

Daniel de la Rosa

Concejal del Ayuntamiento de Burgos