El Gobierno, los sindicatos y los empresarios han alcanzado un gran acuerdo social y económico que se ha firmado el miércoles 2 y que engloba los siguientes aspectos: La reforma de las pensiones, reforma de las Políticas Activas de Empleo, Formación Profesional, la negociación colectiva, la política industrial, la política energética, y la política Gabinete de Prensa de I+D+i.
Es un acuerdo que busca el crecimiento de la economía, el empleo y la garantía de las pensiones.
Respecto a las pensiones hay que señalar que se llega a este acuerdo por el desafío demográfico y el aumento de la esperanza de vida de la población. Todos somos conscientes que la reforma que sufrieron las pensiones hace 25 años supuso crear una garantía para que los que hoy son pensionistas no tengan ningún problema para acceder a la pensión. Igualmente todos somos conscientes de que vivimos en una sociedad donde el índice de natalidad es de los más bajos de todo el mundo, mientras que la esperanza de vida se ha incrementado, cuantiosamente, con respecto a las generaciones que nos precedieron. Esta realidad hace necesario ir incrementando progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años.
Por tanto, la reforma del sistema de pensiones no nace ni de la crisis, ni de que, hoy en día, sea insostenible el sistema, ni de un capricho gubernamental ni de una exigencia europea. Nace de la existencia de un Gobierno que, aun sabiendo que es impopular, es consciente de que, también, hay que gobernar pensando en el futuro y garantizar a los futuros pensionistas que puedan recibir una pensión pública y digna. Es decir, se está garantizando la existencia de un sistema público de pensiones para dentro de 25 ó 30 años.
Ante este tema hemos oído mucha demagogia, mucho inmovilismo y sobre todo mucho oportunismo político que ha tratado de sacar tajada política generando miedo e incertidumbre a los ciudadanos.
Por tanto la baja natalidad y el aumento de vida de los españoles hacen necesario ir incrementando progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años. Jubilación a los 67 años, con el 100% de la prestación, si se han cotizado 37 años.
Pero con esta reforma acordada también será posible jubilarse antes de esa edad en determinados supuestos: jubilación a los 65 años, con el 100% de la pensión, cuando se acredite un período de cotización que se aumentará gradualmente hasta los 38 años y seis meses. También podrán jubilarse a partir de los 65 años quienes no reúnan este período de cotización, aunque se aplicará un coeficiente reductor a la cuantía de la pensión. Igualmente podrán jubilarse antes de los 67 años los trabajadores que realicen trabajos de especial peligrosidad o penosidad.
Se mantiene la jubilación parcial a los 61 años, pero la cotización será íntegra para el trabajador relevista y para el relevado. Se elimina el supuesto de jubilación especial a los 64 años. Se incrementan los incentivos para la prolongación voluntaria de la vida laboral. Y las madres que hayan interrumpido su vida laboral para cuidar de sus hijos, podrán adelantar la edad de jubilación nueve meses por hijo, hasta un máximo de dos años, cuando cumplan determinados requisitos de cotización.
Como cada vez más, los jóvenes entran en el mundo laboral a través de programas formativos o de investigación que, en algunos casos, no contemplan cotización al Sistema de Seguridad Social. Por eso, el acuerdo sí contempla que las empresas que financien estos programas tendrán que cotizar a la Seguridad Social por los beneficiarios, que obtendrán la protección correspondiente a un contrato formativo. Y además permitirá cotizar, por una sola vez y un plazo máximo de hasta dos años, para subsanar la laguna de cotización en los años iniciales de la vida laboral, en las situaciones en las que en el pasado no era obligación de cotizar y en la actualidad sí.
La reforma refuerza también la acción protectora del Sistema, con la mejora de las pensiones mínimas de los pensionistas de edad avanzada que viven solos. Tanto si lo que perciben es pensión de jubilación, incapacidad o viudedad.
Los trabajadores agrarios que cotizan por cuenta ajena en el Régimen Especial Agrario se integrarán en el Régimen General, a través de un sistema que asegure la equiparación de sus prestaciones. En cuanto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, durante los próximos 15 años, las bases mínimas de cotización crecerán de forma similar a las bases medias del Régimen General, para equiparar la acción protectora que reciban con la de los empleados por cuenta ajena.
En conclusión una reforma necesaria para que las pensiones puedan seguir siendo un régimen público y garantizado dentro de veinticinco años, acordada por sindicatos, empresarios y Gobierno al que es más que aconsejable que se sumen los partidos políticos en busca del beneficio de los ciudadanos. Y entre ellos habrá quien se sumará con la boca pequeña; son siempre los mismos, los que critican y no aportan alternativas, los que esperan pescar en el río revuelto, pero sobre todo los que, con su actitud previa, han demostrado que, si por ellos fuera, no habrían tenido la valentía de afrontar el problema, ya que a corto plazo no parece dar réditos políticos; pero por suerte no están gobernando.
Julián Simón de la Torre - Senador del PSOE por Burgos
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