El avance del informe sobre el sistema eléctrico español en 2010, que publicó Red Eléctrica de España, expone que nuestro país ha registrado un saldo neto exportador de energía eléctrica de 8.490 GWh, un 4,8% superior al de 2009, gracias al cambio de signo del saldo neto en la interconexión con Francia, a la que ahora exportamos. Además, esta situación se ha producido con un aumento en nuestra demanda peninsular del 3,2% respecto a 2009 (www.ree.es). Es decir, España vende energía al exterior a pesar de haber aumentado su consumo interno.
Durante las últimas semanas parece que el único debate abierto es el relativo a la central nuclear de Garoña. Resulta bastante triste la simpleza de muchos argumentos que, desde distintas organizaciones y medios de comunicación -y en especial desde el PP-, se esgrimen una y otra vez cual cacatúa que ignora el significado de lo que sólo sabe repetir.
La central nuclear de Garoña no es necesaria para nuestro suministro interno, ya que como recordaba anteriormente, España es excedentaria de energía eléctrica. El cierre de la planta burgalesa no es responsable de la subida de la tarifa de la luz, que se ha producido, por motivos que nada tienen que ver, dos años antes de su cierre definitivo. Garoña no es tampoco la gran incógnita del modelo energético español, porque la gran discusión, que llena páginas, se limita a si funcionará hasta 2013 o 2019. Es la única central de España que tiene ya 40 años, y las prórrogas que se han concedido a recientemente a Almaraz y Cofrentes las eleva a 38 y 36 años respectivamente, por lo que no es verdad que exista un trato discriminatorio. Sin embargo, estas verdades irrefutables, son utilizadas de manera torticera para defender la continuidad de Garoña, demostrando una profunda ignorancia -o una más que cuestionable intención de manipular los datos- sobre la realidad energética de España.
Garoña es un negocio muy rentable. Esta sí es una gran verdad. No hace falta más que ver la ingente cantidad de recursos económicos que Nuclenor invierte en la mayoría de medios de comunicación o en otros soportes publicitarios en defensa de su continuidad. Ninguna empresa burgalesa, ninguna, puede permitirse el lujo de gastar tantos recursos en publicitad o promocionarse. Las empresas deben ganar dinero, y es legítimo que Nuclenor lo quiera seguir haciendo, pero conviene recordar que su negocio no tiene que coincidir con el interés general.
Escuchar al PP de Burgos y la pobreza intelectual de sus comentarios sobre Garoña, que sólo utiliza explicaciones de ‘argumentario’, demuestra el nivel con el que este partido afronta los problemas de la provincia, sobre todo si se realiza este análisis con rigor e imparcialidad. Alinearse en la defensa de los intereses de una empresa es legítimo, pero políticamente poco honesto cuando nuestra obligación es defender el interés general.
En relación al empleo de Garoña se han dicho tantas barbaridades como intervenciones públicas ha convocado el PP para este fin. En primer lugar, es falso que en Garoña haya 1.000 trabajadores. El último informe de Nuclenor, de enero de 2011, habla de 689 empleados de los que 377 son de otras empresas. En segundo lugar, la existencia de esta central ha supuesto un monocultivo en la comarca de Las Merindades que ha provocado que en los últimos 30 años se haya perdido el 42% de la población y no se haya implantado ninguna empresa relevante. Garoña ha sido una ruina para la comarca si hablamos de empleo y población.
El cierre de esta planta no va a suponer que 689 personas se vayan a quedar sin empleo. Los 312 trabajadores de Nuclenor serán recolocados o prejubilados (seguro que tienen más suerte que en los cierres de múltiples azucareras por parte de la Junta de Castilla y León producidos durante los últimos años) y los 377 trabajadores indirectos, por cierto con salarios bastante limitados, encontrarán nuevas oportunidades laborales en las empresas que se están instalando en la comarca gracias al Plan Reindus incluido en el Plan Garoña.
La demagogia con la que se afronta este problema, utilizando a los trabajadores de Garoña es inaceptable. Y es que ésta no es una empresa cualquiera, es una central nuclear con 40 años de antigüedad. Ésta no es la primera que se cierra en España (Zorita la precedió) pero sí va a ser la primera vez que el Gobierno se ha adelantado a una clausura para poner en marcha un plan que genere alternativas laborales. Hay que recordar también que su desmantelamiento empleará más trabajo que el actual durante, por lo menos, diez años.
El Gobierno de España tiene la facultad -aunque el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear sea favorable- de cerrar una central nuclear en función a criterios medioambientales, sociales, o energéticos (por cierto, esto es lo que dice la reciente enmienda de CIU aprobada en el Congreso que también se ha manipulado sin pudor). Si seguimos estos condicionantes, el cierre de Garoña está más que justificado: España sigue sin resolver el problema de los residuos radiactivos y Las Merindades es una de las comarcas, tal como recordaba hace poco el Colegio de Economistas de Burgos, con más problemas de Castilla y León, que sólo cuenta con una central nuclear de 40 años de antigüedad construida con una tecnología anterior al resto de las plantas españolas en un país excedentario de energía eléctrica.
Durante las últimas semanas parece que el único debate abierto es el relativo a la central nuclear de Garoña. Resulta bastante triste la simpleza de muchos argumentos que, desde distintas organizaciones y medios de comunicación -y en especial desde el PP-, se esgrimen una y otra vez cual cacatúa que ignora el significado de lo que sólo sabe repetir.
La central nuclear de Garoña no es necesaria para nuestro suministro interno, ya que como recordaba anteriormente, España es excedentaria de energía eléctrica. El cierre de la planta burgalesa no es responsable de la subida de la tarifa de la luz, que se ha producido, por motivos que nada tienen que ver, dos años antes de su cierre definitivo. Garoña no es tampoco la gran incógnita del modelo energético español, porque la gran discusión, que llena páginas, se limita a si funcionará hasta 2013 o 2019. Es la única central de España que tiene ya 40 años, y las prórrogas que se han concedido a recientemente a Almaraz y Cofrentes las eleva a 38 y 36 años respectivamente, por lo que no es verdad que exista un trato discriminatorio. Sin embargo, estas verdades irrefutables, son utilizadas de manera torticera para defender la continuidad de Garoña, demostrando una profunda ignorancia -o una más que cuestionable intención de manipular los datos- sobre la realidad energética de España.
Garoña es un negocio muy rentable. Esta sí es una gran verdad. No hace falta más que ver la ingente cantidad de recursos económicos que Nuclenor invierte en la mayoría de medios de comunicación o en otros soportes publicitarios en defensa de su continuidad. Ninguna empresa burgalesa, ninguna, puede permitirse el lujo de gastar tantos recursos en publicitad o promocionarse. Las empresas deben ganar dinero, y es legítimo que Nuclenor lo quiera seguir haciendo, pero conviene recordar que su negocio no tiene que coincidir con el interés general.
Escuchar al PP de Burgos y la pobreza intelectual de sus comentarios sobre Garoña, que sólo utiliza explicaciones de ‘argumentario’, demuestra el nivel con el que este partido afronta los problemas de la provincia, sobre todo si se realiza este análisis con rigor e imparcialidad. Alinearse en la defensa de los intereses de una empresa es legítimo, pero políticamente poco honesto cuando nuestra obligación es defender el interés general.
En relación al empleo de Garoña se han dicho tantas barbaridades como intervenciones públicas ha convocado el PP para este fin. En primer lugar, es falso que en Garoña haya 1.000 trabajadores. El último informe de Nuclenor, de enero de 2011, habla de 689 empleados de los que 377 son de otras empresas. En segundo lugar, la existencia de esta central ha supuesto un monocultivo en la comarca de Las Merindades que ha provocado que en los últimos 30 años se haya perdido el 42% de la población y no se haya implantado ninguna empresa relevante. Garoña ha sido una ruina para la comarca si hablamos de empleo y población.
El cierre de esta planta no va a suponer que 689 personas se vayan a quedar sin empleo. Los 312 trabajadores de Nuclenor serán recolocados o prejubilados (seguro que tienen más suerte que en los cierres de múltiples azucareras por parte de la Junta de Castilla y León producidos durante los últimos años) y los 377 trabajadores indirectos, por cierto con salarios bastante limitados, encontrarán nuevas oportunidades laborales en las empresas que se están instalando en la comarca gracias al Plan Reindus incluido en el Plan Garoña.
La demagogia con la que se afronta este problema, utilizando a los trabajadores de Garoña es inaceptable. Y es que ésta no es una empresa cualquiera, es una central nuclear con 40 años de antigüedad. Ésta no es la primera que se cierra en España (Zorita la precedió) pero sí va a ser la primera vez que el Gobierno se ha adelantado a una clausura para poner en marcha un plan que genere alternativas laborales. Hay que recordar también que su desmantelamiento empleará más trabajo que el actual durante, por lo menos, diez años.
El Gobierno de España tiene la facultad -aunque el Informe del Consejo de Seguridad Nuclear sea favorable- de cerrar una central nuclear en función a criterios medioambientales, sociales, o energéticos (por cierto, esto es lo que dice la reciente enmienda de CIU aprobada en el Congreso que también se ha manipulado sin pudor). Si seguimos estos condicionantes, el cierre de Garoña está más que justificado: España sigue sin resolver el problema de los residuos radiactivos y Las Merindades es una de las comarcas, tal como recordaba hace poco el Colegio de Economistas de Burgos, con más problemas de Castilla y León, que sólo cuenta con una central nuclear de 40 años de antigüedad construida con una tecnología anterior al resto de las plantas españolas en un país excedentario de energía eléctrica.
José María Jiménez
Secretario General del PSOE de Burgos
Secretario General del PSOE de Burgos
Es una pena que en los medios de comunicación no se produzcan estos debates, en los que se utilizan datos, razones, argumentos....
ResponderEliminarTambién los medios de comunicación son empresas y como se dice en el artículo tienen derecho a ganar dinero, pero salvaguardando algo de dignidad.
Precisamente el Diario de Burgos, que en este asunto especialmente es quien más entremezcla información y opinión, no creo que sea el medio más necesitado de dinero. ¿Cuáles serán sus intereses? Seguro que el 22 de mayo saldremos de dudas